Caso siete presos políticos de Huehuetenango

abril 26, 2018 Escrito Por: caldh

Este caso fue una alianza estratégica entre cuatro organizaciones CALDH, Bufete Jurídico de DDHH, Abogados Mayas, y CPO, conformando una plataforma de abogados/as para implementar el litigio estratégico al proceso de siete autoridades ancestrales y líderes comunitarios criminalizados y presos políticos del Norte de Huehuetenango.

Las autoridades ancestrales y líderes comunitarios han jugado en la comunidad y la defensa de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libre determinación, a la consulta previa y los derechos de los pueblos originarios. En este caso los líderes y autoridades han sido los responsables de mediar y facilitar el diálogo y ante la imposición de un modelo económico y falta de capacidad del estado de mediar, se judicializan casos que por la vía del diálogo se puede resolver. Asimismo, la empresa al identificar y perfilar a estos líderes genera incidentes para su criminalización.

Las siete autoridades ancestrales y líderes comunitarios acusadas explicaron a la Jueza Yassmin Barrios del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A”, que “…la resistencia es un derecho que tienen los pueblos ancestrales, y que está garantizado por la Constitución Política de la República…”. La criminalización hacia autoridades ancestrales y hombres y mujeres líderes por oponerse a la implementación de un modelo económico racista y sin reconocer a las comunidades ha sido una estrategia de las empresas transnacionales para el control de la población y el territorio y facilitar la explotación de la Madre Tierra con el beneplácito de las instituciones del Estado. Con toda legitimidad y seguridad, los líderes Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Arturo Pablo Juan, Mynor López, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar y Bernardo Ermitaño López Reyes, decidieron utilizar su derecho de declarar en el debate y fueron escuchados por el Tribunal al que explicaron los hechos por los cuales injustamente han sido privados de libertad por más de un año, dejando claro que el fondo real de este caso tiene que ver con intereses económicos. “El Ministerio Público ha sido incapaz de evidenciar que ha existido un delito”, así también lo ha demostrado la sorpresiva renuncia de querellantes adhesivos que eran representados por la Empresa Hidro Santa Cruz.

El 22 de julio 2016 el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A” dictaminó su sentencia declarando inocentes a las autoridades ancestrales y líderes comunitarios del territorio Q’anjob’al, Huehuetenango, mismos que fueron encarcelados injustamente por delitos que nunca cometieron, concluyendo que se ocultan tres verdades que han salido a luz: 1) Que desde un inicio se ha dado una criminalización y destrucción de la cosmovisión indígena. 2) que los testigos que presentó el Ministerio Público se contradijeron entre sí y algunos prestaron falso testimonio. 3) Los hechos realizados por las comunidades en defensa de su territorio no son hechos delictivos, quedando demostrado que lo han ejercido por su derecho a manifestar.

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