JUICIO CONTRA RÍOS MONTT POR GENOCIDIO IXIL

abril 25, 2018 Escrito Por: caldh

El 10 de mayo 2013 el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A” condenó a 80 años de prisión al general Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad cometidos en contra de la población maya Ixil. Sin embargo, el Tribunal absolvió al jefe de inteligencia militar general José Mauricio Rodríguez Sánchez. Esta sentencia incomodó al sector empresarial y militar del país, quienes emprendieron campañas difamatorias y en contra de la legítima lucha por justicia. Los abogados de Ríos Montt presentaron un ocurso en queja por un “supuesto” vicio en el debate.

El 20 de mayo 2013 tres magistrados de la Corte de Constitucional emitieron una resolución ante el ocurso en queja en la que le piden al Tribunal de Sentencia que retroceda una parte del juicio. Es decir, no anulan la sentencia, pero retroceden una parte del mismo. Esta resolución fue completamente ilegal, pues emitida una sentencia el procedimiento para objetarla es de tipo ordinario establecido en la ley, y no mediante un ocurso en queja. Ante esta ilegal resolución CALDH interpuso una denuncia por el delito de PREVARICATO contra los ex magistrados Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto.

Un segundo juicio por genocidio inició marzo 2016 a puerta cerrada, violentando el principio de publicidad del mismo, por lo que se solicitó su separación de conformidad con la ley ya que los juicios debían ser separados pues uno es por medidas de seguridad y el otro es un juicio de tipo ordinario, es decir con presencia de prensa, público y publicitado. La Corte de Constitucionalidad ordena la separación del debate de Ríos Montt con el de su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez. El 13 de octubre 2017 reinició el segundo debate.

Después de 47 audiencias del segundo juicio por genocidio falleció el general José Efraín Ríos Montt a la edad de 91 años por lo que el Tribunal ordenó el cese de la persecución penal. El principio de “Justicia pronta y cumplida” no ha sido aplicado por el sistema de justicia guatemalteco ya que las víctimas han esperado más de 30 años desde la comisión de los hechos, trece años para llegar a un debate y luego estar más de dos años en un nuevo juicio. Por lo anterior, exigimos al sistema de justicia cumplir con este principio fundamental de impartir justicia pronta para las víctimas sobrevivientes de casos del pasado y el presente.

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